ORGANIZACIONES DE 44 PAÍSES PIDEN AL PRESIDENTE BUKELE LIBERAR A DEFENSORES AMBIENTALES Y DESISTIR DE LA MINERÍA

En una carta abierta enviada al presidente de la República, Nayib Bukele, más de 300 organizaciones de 44 países, están demandando la libertad de los seis ambientas de la comunidad Santa Marta que son procesados por la justicia salvadoreña.

A continuación publicamos íntegramente el documento:

“Estimado Presidente Bukele,
Las 300 organizaciones abajo firmantes provenientes de 44 países y territorios nos unimos al llamado de las organizaciones del movimiento social de El Salvador para que usted mantenga la minería fuera de El Salvador, y que el Fiscal General de la República retire los cargos contra los
cinco defensores ambientales que enfrentarán un segundo juicio el 3 de febrero después de haber sido declarados inocentes de todos los cargos en octubre de 2024.

Hemos sido testigos de los impactos destructivos de la minería en todo el mundo, y entendemos que El Salvador se enfrenta a múltiples desafíos y amenazas ambientales que serian agravados por la reintroducción de la minería.

La minería aumentaría el riesgo de contaminación ambiental, violaciones de derechos humanos y problemas de salud pública en El Salvador.

Como tal, señalamos lo siguiente:

• La nueva ley de minería aprobada el 23 de diciembre centraliza la toma de decisiones en manos del caso omiso de prácticas internacionales, como exigir a las empresas mineras que
  presenten Estudios de Impacto Ambiental previo a la aprobación de proyectos.

No proporciona información abierta y transparente sobre las actividades mineras ni exige la consulta y el consentimiento de las comunidades que se verán afectadas. Y lo que es peor,
deja en manos del Estado el elevado coste de los cierres técnicos de minas y la reparación medioambiental, al mismo tiempo que libera a las empresas mineras de cualquier responsabilidad por crímenes ambientales.

• La Ley Especial de Prohibición Minera de El Salvador de 2017, , fue aprobada por unanimidad en la legislatura, en un contexto donde casi ochenta por ciento de los salvadoreños se oponían a la minería, según una encuesta de la UCA de 2015.
  Una nueva encuesta de la UCA en diciembre de 2024 encontró que actualmente el 61 por ciento de los salvadoreños se oponen a la minería.
• En El Salvador, el Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, junto a 600
  sacerdotes, un amplio movimiento de organizaciones ambientales y del movimiento
  social, y personas de comunidades que se verían afectadas por la minería se ha manifestado en oposición a la nueva ley de minería.
• La minería es intrínsecamente insostenible: Es destructiva para el medio ambiente, sus
  contribuciones potenciales al bienestar humano son desiguales, y cualquier beneficio a corto plazo es insignificante al compararlo al daño social y económico a largo plazo que
  inevitablemente causa.
  El Salvador no puede explotar minas y pretender que esto genera agua limpia, comunidades sanas, y medios de vida sostenibles.
• Hay 15 razones de peso por las que El Salvador rechazó la minería toxica en 2017, y por
  las qué no es viable reiniciar la minería.
  Sobre los cinco defensores de Santa Marta que su gobierno detuvo el 11 de enero de 2023,
  pedimos al Fiscal General de Republica que retire todos los cargos, y señalamos lo siguiente:
• En octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque decidió absolver a los cinco de todos los cargos. El fallo se basó en la falta de pruebas donde la fiscalía no pudo demostrar la existencia de un delito. Posteriormente, en diciembre de 2024, un tribunal de
  apelación anuló el veredicto y anunció que los cinco serían juzgados de nuevo el 3 de
  febrero, a pesar de que no se pueden presentar nuevas pruebas.
  Apoyamos a las organizaciones ambientales y sociales de la sociedad civil de El Salvador que demandan que su gobierno implemente una agenda ambiental centrada en la restauracion del equilibrio ambiental y la promoción de la sostenibilidad a largo plazo en consulta con las comunidades, organizaciones sociales y otros expertos y líderes; y que se respete e implemente
  la legislación histórica de El Salvador que prohíbe la minería para proteger el agua y promover comunidades saludables”.