EX-DIPUTADO ROBERTO SILVA ENFRENTARÁ MAÑANA AUDIENCIA PRELIMINAR POR DOS DELITOS.

El Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador,  tiene previsto instalar este martes 15 de diciembre a las 8:30 horas  la audiencia preliminar contra el exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira, de 45 años, acusado  de cohecho activo y casos especiales de lavado de dinero y de activos.

El procesado enfrentara la audiencia a través de videoconferencia desde  el Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, lugar donde se encuentra guardando prisión  desde el 8 de enero de este año cuando  fue detenido por  la Interpol  en el  Aeropuerto Oscar Arnulfo Romero luego de ser deportado de Estados Unidos.

Silva Pereira en esa ocasión  fue remitido a la Cámara Primera de lo Penal  con base a la declaratoria de rebeldía y una orden de captura emitida por los magistrados   el 25 de enero del año 2007, no obstante se declaró incompetente de continuar  conociendo el caso del exdiputado suplente por el Departamento de La Unión,  por haber concluido  el periodo para el cual fue electo  (2006-2009) y remitió las diligencias para el Juzgado 2° de Instrucción.

Según el dictamen fiscal, los hechos atribuidos al exlegislador supuestamente ocurrieron durante los años 2002 hasta marzo de 2006 antes de su elección como diputado, supuestamente en un reporte de operaciones sospechosas  fueron detectadas en varias cuentas de sociedades fachadas CED, S.A y Provecom, y que según las investigaciones fiscales son  producto de actividades delictivas que realizó el Silva  cuando habría sobornado a alcaldes  de varias  municipalidades del oriente del país.

Supuestamente ofrecía y entregaba dádivas  a fin de que los alcaldes  le adjudicaran la ejecución de obras públicas de manera ilegal  ya que  en ningún momento las empresas de las cuales él era el apoderado o administrador único  recibían invitación  ni participaba en las licitaciones  públicas conforme  a la Ley  Lacap.

De acuerdo a la fiscalía los fondos de origen ilícito que disponía el procesado  los colocaba en el sistema financiero  para luego estratificarlos comprando bienes inmuebles, vehículos de lujos,  yate, gastos suntuosos que tenía el procesado y su esposa.