AUTORIDADES DE SEGURIDAD HAN CAPTURADO A 28,938 PERSONAS DESDE QUE SE DECRETÓ EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN

Las autoridades han confirmado la captura de 28,938 pandilleros a lo largo del territorio salvadoreño desde que se decretó régimen de excepción en El Salvador debido a la escalada de violencia registrada durante el pasado 25 de marzo.
El pasado jueves 12 de mayo, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la detención de 557 terroristas a escala nacional.
557 terroristas fueron capturados el jueves 12 de mayo en todo el país.
Desde que inició la #GuerraContraPandillas hemos sacado de las calles a 28,938 pandilleros. pic.twitter.com/LQJAuZRkNr
— PNC El Salvador (@PNCSV) May 13, 2022
Por otro lado se han presentado varias denuncias de familiares de personas cuyas capturas no han sido justificadas.
Un grupo de abogados presentaron una apelación ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con el propósito de reclamar el fin de las capturas masivas por parte de las fuerzas militares y de la Policía local: “Hemos representado un recurso de inconstitucionalidad y es claro que con el primer régimen de excepción que se aprueba a finales de marzo el gobierno fundamentalmente con sus cuerpos de seguridad ha desarrollado un proceso de capturas masivas de personas indistintamente hayan o no cometido delitos”, dijeron.
En el documento presentado reitera que era “importante limitar la discrecionalidad que tienen los cuerpos de seguridad para realizar las capturas”, al indicar que muchas de las personas capturadas no han cometido ilícitos.
Circula un tuit acerca de abogados que estamos defendiemdo a personas sin vínculo de pandillas que seremos «enlistados» por la CSJ para ser inhabilitados. No es la Corte, es la fiscalía que está pidiendo esos datos. @CorteSupremaSV debería pronunciarse acerca de esa falacia.
— Roxana Cardona (@1507eva) May 11, 2022
El pasado lunes, el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro admitió que 168 personas que fueron detenidas sin que tuvieran ninguna relación con pandillas fueron puestas en libertad.
Según organismos defensores de los derechos humanos, en esta ofensiva contra las «maras» un cuarto de las detenciones son arbitrarias, en tanto el Gobierno replica que el margen de error es mucho menor.