EL RETRASO EN LA CONTRATACIÓN DEL SISTEMA DE VOTO ELECTRÓNICO GENERA DIFERENCIAS ENTRE LOS MAGISTRADOS DEL TSE
El proceso de contratación de la empresa encargada de implementar el sistema de voto electrónico en El Salvador ha experimentado un retraso, lo que ha provocado diferencias de opinión entre los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) respecto a la modalidad de contratación utilizada. Mientras algunos defienden la contratación competitiva por invitación, otros argumentan a favor de una contratación sin competencia.
La magistrada presidenta del Tribunal, Dora de Barahona, inicialmente apoyó la contratación directa sin competencia, pero luego cambió su posición y respaldó la contratación competitiva. Según Barahona, es importante contar con competencia y tener varias opciones para elegir, ya que se trata de un sistema que se implementará y no de una compra trivial como comprar tomates. La presidenta del TSE espera que el proceso de contratación finalice en junio.
Por otro lado, el magistrado Julio Olivo sostiene que la competencia entre empresas contribuye a obtener mejores precios y productos de mayor calidad. Considera que la contratación con competencia permite un proceso más transparente y que el TSE está cumpliendo con las etapas establecidas por la Ley de Compras Públicas.
Sin embargo, el magistrado Guillermo Wellman expresa su preocupación por el retraso en la contratación, ya que teme que se ponga en riesgo el voto de los salvadoreños en el exterior. Wellman destaca que la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero establece que el sistema electrónico debe estar listo ocho meses antes de las elecciones, plazo que vence el 3 de junio de 2023. Estima que el proceso podría culminar en agosto y advierte sobre la complicación que representa la época navideña para la movilización del equipo de voto electrónico presencial.
El magistrado Noel Orellana se muestra optimista y espera que el voto desde el exterior no esté en riesgo, pero destaca que ello dependerá de la actitud que tomen cada uno de los magistrados.
Tanto Barahona como Wellman descartan que las diferencias surgidas se deban a intereses personales y las atribuyen a discrepancias de criterios.
Según el calendario electoral definido por el TSE, la contratación del sistema de voto electrónico debió finalizar el 15 de marzo de 2023.