PRESIDENTA DE PERÚ, DINA BOLUARTE, DECLARA ANTE LA FISCALÍA POR DESACTIVACIÓN DE EQUIPO POLICIAL
Este martes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, acudió nuevamente a la Fiscalía de la Nación para declarar en una investigación sobre la desactivación del grupo policial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). La mandataria llegó a la sede del Ministerio Público, ubicada en la avenida Abancay, en el centro de Lima, a las 9:00 a.m. (hora local) bajo un fuerte anillo de seguridad.
Boluarte fue interrogada durante casi tres horas y, como en anteriores ocasiones, se retiró sin dar declaraciones a la prensa. La pesquisa preliminar la investiga por presunto abuso de autoridad, al sospecharse que desactivó el equipo policial para encubrir a su hermano, Nicanor Boluarte Zegarra, quien está acusado de liderar una organización criminal.
El 9 de mayo pasado, el Ejecutivo desactivó el equipo policial liderado por el coronel Harvey Colchado, quien había encabezado un allanamiento al domicilio de Boluarte y una revisión en Palacio de Gobierno por un caso de presunta corrupción. El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, quien tomó las declaraciones de Boluarte, exigió la reposición del equipo especial policial para garantizar la continuidad de las investigaciones del Eficcop.
Nuevas Denuncias
Este martes, la congresista Ruth Luque anunció la presentación de una denuncia constitucional contra Boluarte, acusándola de haberse ausentado del cargo durante 12 días tras someterse a cirugías estéticas, lo cual ha sido desmentido por el Ejecutivo. Luque afirmó haber recibido respuestas «parciales» al solicitar documentación que corrobore la asistencia de Boluarte, lo que según ella evidencia un vacío en la agenda presidencial de esos días.
La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, calificó la medida como «acoso» y subrayó la importancia de seguir trabajando unidos. En la víspera, el Ministerio Público presentó otra denuncia constitucional contra Boluarte en el marco del caso Rolex, por presunto cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.
El titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, minimizó la denuncia calificándola de simple «ruido» y predijo que sería desestimada. Además, en noviembre de 2023, bajo la gestión de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se comunicó una denuncia constitucional contra Boluarte por las decenas de muertes en protestas antigubernamentales, bajo los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves.
La situación actual de Boluarte se complica con estas múltiples denuncias y la creciente presión política, en un contexto de inestabilidad y tensiones en el país.