ONU DENUNCIA ATAQUE SISTEMÁTICO CONTRA ORGANIZACIONES RELIGIOSAS EN NICARAGUA Y EXPULSIÓN DE 42 SACERDOTES
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha informado sobre un incremento alarmante en la represión del gobierno nicaragüense contra organizaciones religiosas, con la expulsión de 42 sacerdotes y seminaristas en el último año. Durante una presentación ante el Consejo de Derechos Humanos, el director de operaciones de la oficina, Christian Salazar, destacó que el gobierno de Daniel Ortega ha intensificado su ofensiva no solo contra opositores políticos, sino también contra instituciones eclesiásticas.
El informe señala que la represión también ha alcanzado a los familiares de activistas opositores, a quienes se les han impuesto restricciones severas, como la prohibición de hablar sobre los casos de sus parientes encarcelados bajo amenaza de perder derechos de visita o enfrentar la detención de más familiares. Esto, según el informe, es parte de una estrategia sistemática para silenciar a cualquier voz crítica en el país.
La persecución a organizaciones religiosas se enmarca en un contexto más amplio de represión. Desde 2018, el gobierno de Nicaragua ha ordenado el cierre de más de 5,000 entidades, incluidas 1,103 organizaciones religiosas, afectando gravemente el acceso a servicios esenciales en el país. Tan solo en agosto de este año, el gobierno ordenó el cierre de 1,500 organizaciones, 700 de las cuales eran de carácter religioso, exacerbando aún más la crisis social y económica de Nicaragua.
La represión contra las instituciones religiosas ha erosionado gravemente el derecho a la libertad de conciencia y religión en Nicaragua, advirtió Salazar. El informe también denuncia arrestos arbitrarios de sacerdotes, juicios sin garantías procesales y secuestros en parroquias, lo que ha generado un clima de temor entre la población.
En respuesta a las denuncias, la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, intervino por videoconferencia, acusando a la ONU de difamar a las autoridades nicaragüenses. Morales calificó el informe como una maniobra infame para desacreditar al gobierno de Ortega, en una defensa que no abordó las acusaciones específicas sobre la represión religiosa.