EX PRESIDENTE DE PERÚ, ALBERTO FUJIMORI, SEGUIRA EN LA CÁRCEL.
El juez Fernando Vicente Fernández Tapia, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, decidió no ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que restablece el indulto a favor de Alberto Fujimori, devolviendo el expediente al máximo órgano interpretativo de la Constitución.
Fernández Tapia explicó que su jurisdicción no le otorga la competencia para llevar a cabo la ejecución de la sentencia, dado que la demanda de hábeas corpus no fue declarada fundada por su juzgado. Además, reconoció la existencia de un «escenario jurídico sobreviniente» en referencia a la resolución de supervisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordenó al Estado peruano abstenerse de aplicar el indulto otorgado por PPK en 2017.
El magistrado argumentó que corresponde al TC, como el máximo intérprete de la Constitución, dilucidar la situación planteada por la sentencia del órgano supranacional, considerando que dicha disposición está dirigida directamente a cuestionar el fallo constitucional sobre el caso Fujimori, algo sobre lo cual el juzgado carece de competencia.
Mientras tanto, la Corte IDH requirió al Estado peruano un informe sobre el cumplimiento de la resolución de abril de 2022 que bloqueó la liberación del exdictador. El Gobierno tiene plazo hasta el 6 de diciembre para presentar el documento.
En este contexto, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, sostiene que las sentencias del TC tienen prevalencia sobre las resoluciones de la Corte IDH, a pesar de que el Estado peruano reconoce la competencia contenciosa del tribunal supranacional.
Por otro lado, Fernández Tapia, quien ha enfrentado cuestionamientos y sanciones disciplinarias previas, registró una serie de procesos y sanciones por la Oficina de Control de la Magistratura y la Junta Nacional de Justicia. Aunque se solicitó su destitución por falta grave, la JNJ optó por una sanción menos severa tras una suspensión preventiva.