ORGANIZACIONES CIVILES INFORMAN AL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU SOBRE MÚLTIPLES RETROCESOS QUE ENFRENTA EL SALVADOR EN EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS
En una conferencia de prensa realizada esta mañana, el Colectivo EPU-DESC explicó el contenido del informe alternativo presentado ayer, martes 16 de julio, al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), donde El Salvador será evaluado a inicios de 2025.
En dicho documento, que abarca el período entre 2019 y 2024, se mencionan los múltiples retrocesos que actualmente enfrenta el país en el cumplimiento de los derechos laborales y sindicales, así como el derecho humano al agua, alimentación, salud, vivienda, educación, derechos del campesinado y derechos culturales de los pueblos indígenas.
Entre los principales puntos de atención y preocupación de las organizaciones que conforman este colectivo, se encuentra la promoción y profundización del modelo extractivista en El Salvador, el cual ha generado un mayor impacto sobre los bienes naturales, especialmente sobre el agua.
«Actualmente, 15 proyectos pasivos mineros amenazan con generar drenaje ácido afectando a diferentes cuencas hidrográficas, incumpliendo la Ley de Prohibición de la Minería Metálica (LPMM), vigente desde el 2017, así como otras afectaciones generadas por esta industria», mencionó la representante de la Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador (AMAES), Claudia Rodríguez.
Otro de los puntos que ha generado inquietud tiene que ver con los retrocesos en el sector agrícola, los cuales se han caracterizado por un incremento en la pobreza total en el área rural, pasando del 22.8% al 26.6% en el período 2019-2022. De este porcentaje, un 4.5% y 8.6% respectivamente, era pobreza extrema; así como reducciones en las áreas cultivadas.
La producción de maíz pasó de 386,890 a 376,229 manzanas, una reducción del 2.8% en el período 2019-2022. En el caso del frijol, pasó de 139,797 a 138,207 manzanas, una reducción del 1.1% en el mismo período. Es importante destacar que ambos cereales forman parte de la dieta principal de la población.
Por su parte, la inflación internacional y el incremento en los precios de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) hacen que los alimentos sean menos asequibles. Según el informe, los 4 años previos a 2019, el incremento promedio anual de la CBA se mantuvo debajo del 1%. Sin embargo, para el período 2019-2023, la CBA Urbana incrementó de $200.02 a $252.40, es decir, un 26%, y la CBA Rural incrementó de $144.48 a $189.43, es decir, un 31%.
Con base en estos puntos, las organizaciones sociales pertenecientes al Colectivo EPU-DESC expresaron la necesidad urgente de que el Estado salvadoreño atienda de manera integral la grave situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el país. Los datos reflejan una crisis profundizada por la desprotección estatal y la falta de voluntad política para diseñar planes o políticas públicas que garanticen derechos fundamentales como un medio ambiente sano, derecho al trabajo, a la alimentación, salud, entre otros.