LA HIPOCRESÍA DEL RÉGIMEN DE DANIEL NOBOA

Por: Cristóbal Rodríguez Guerra

Viernes, 23 de agosto de 2024

El gobierno de Daniel Noboa ha demostrado una vez más que los regímenes de derecha no conocen límites cuando se trata de manipular a la opinión pública y favorecer a sus propios intereses, a costa del bienestar de la mayoría. Después de ocho meses de inacción, en los cuales solo ha utilizado un escaso 20% del presupuesto nacional del Estado, Noboa busca ahora congraciarse con la ciudadanía mediante una serie de gestiones calculadas, con miras a su reelección en las elecciones de febrero de 2024. Este comportamiento, considerado por muchos analistas como de «baja calaña», revela la naturaleza oportunista y profundamente inmoral del actual gobierno.

Las recientes decisiones de Noboa, como la tentativa de indulto a un joven que, en defensa propia, causó la muerte de un delincuente y la “ayuda” que obligadamente está brindando a varios medallistas olímpicos, son un claro ejemplo de cómo se intenta proyectar una imagen de humanismo que, en realidad, esconde intenciones electorales. Este tipo de gestos, que deberían surgir de una genuina preocupación por la justicia y el bienestar social, son convertidos en meras herramientas de propaganda por un presidente que busca desesperadamente mantenerse en el poder.

Mientras Noboa lanza estas migajas al pueblo, las verdaderas prioridades de su administración se revelan en la forma de contratos millonarios adjudicados a empresas vinculadas a su familia. Desde junio de este año, el gobierno ha otorgado cuatro contratos por un valor total de USD 174,8 millones a empresas ligadas a familiares del presidente. De estos, tres contratos por USD 154,98 millones fueron adjudicados por el Ministerio de Educación a Corpabe, empresa relacionada con Isabel Noboa, para la provisión de desayuno escolar. Además, Petroecuador adjudicó un contrato de USD 18,9 millones a la empresa Codana S.A., también vinculada al grupo Nobis de Isabel Noboa.

Estas acciones no solo son ilegales, al violar las leyes que prohíben la adjudicación de contratos estatales a familiares del presidente, sino que también son profundamente inmorales. Mientras Noboa y su familia se benefician de estos contratos millonarios, millones de ecuatorianos enfrentan una realidad cada vez más difícil, marcada por la falta de empleo, la inseguridad y la falta de acceso a servicios básicos.

Además, la reciente intromisión del Ejecutivo en el Legislativo, intentando frenar juicios políticos a través de la manipulación del sistema judicial, demuestra un desprecio total por la institucionalidad y la justicia. La decisión de un juez de aceptar una acción de protección que ordena la reactivación de tres juicios políticos archivados en la Comisión de Fiscalización ha generado una profunda indignación en la Asamblea Nacional, que ha calificado la sentencia como “aberrante, arbitraria y corrupta”.

Este comportamiento no solo es una clara muestra de la doble moral de un gobierno que se presenta como democrático y transparente, sino que también pone en evidencia los peligros de un régimen que, en su afán de perpetuarse en el poder, no duda en utilizar cualquier medio, legal o ilegal, para lograr sus objetivos. La ciudadanía no debe ser engañada por las falsas promesas y los gestos superficiales de un gobierno que, en el fondo, solo busca mantener sus privilegios y asegurar la riqueza de unos pocos a expensas del bienestar de las mayorías.

Es urgente que el pueblo ecuatoriano despierte ante esta realidad y se organice para rechazar estos actos de corrupción y abuso de poder. Solo así podremos construir un Ecuador verdaderamente justo, donde los derechos de todos sean respetados y donde el gobierno realmente trabaje en beneficio del pueblo, y no de una élite privilegiada.